A pesar de los cambios recientemente acometidos en ella, la Administración Pública española se encuentra por debajo de la media de la Unión Europea en lo relativo a su capacidad de respuesta para con las demandas y necesidades de las pymes. Es lo que se desprende de las fichas Small Business Act 2014, una iniciativa de análisis llevada a cabo por la Unión Europea.
En concreto, de los trece indicadores que analizan la Unión Europea, España se sitúa a la zaga en al menos ocho de estas categorías. Así, el principal escollo de la Administración española es, a juicio de estos resultados, su sistema de licencias y permisos, pues obtiene una media de 23,8 puntos, muy alejada de los 15,77 puntos de media que se registran en el cómputo de los países miembros.
El segundo peor resultado que obtiene España es el relativo a los costes que supone crear una empresa en nuestro país, ya que la media obtenida aquí es de 464 euros, casi 150 euros más que en el cómputo global de los países comunitarios, donde es de 318 euros. De igual modo, también es negativo el indicador relativo al coste de la transferencia de propiedades, ya que España obtiene una puntuación de 7,1 puntos sobre diez mientras que la media europea es de 4,7 puntos.
Otros indicadores negativos obtenidos por España en este informe son el capital mínimo pagado que se requiere en nuestro país para poner en marcha una pyme, tres puntos superior a la media; los rápidos cambios en la legislación y en las políticas, los cuales suponen un problema para hacer negocios en España y la complejidad de los procedimientos administrativos.
Del mismo modo, la Unión Europea también revela que España se sitúa por debajo de la media de los países miembros en lo relativo a la carga de reglamentos gubernamentales así como en la interactuación en línea de las pymes con las autoridades públicas.
Aspectos positivos de la Administración española
Sin embargo, los resultados obtenidos por nuestro país también arrojan datos positivos, los cuales lo sitúan por encima a la media europea. En este sentido, España mantiene una buena posición en lo relativo al plazo que se necesita para crear una nueva empresa: 3 días, frente a la media europea de 4,2 días.
También resulta positivo el resultado obtenido en lo relativo al plazo necesario para transferir propiedades, al número de pagos de impuestos por año, al tiempo que se tarda en pagar tales impuestos y, por último, al coste de la ejecución de contratos.
